La vía moderada checa hacia la superación del pasado totalitario - Parte II

27-05-2006

Con este espacio, "Del Totalitarismo a la Democracia", Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la Isla.

Los primeros pasos por la penosa vía de la enmienda de nuestro pasado totalitario empezaron a darse ya pocas horas después de la manifestación estudiantil del 17 de noviembre de 1989. Como era de esperar, respondían al caudal informativo que la sociedad, orientada democráticamente, tenía a su disposición. La superación (moral, política, institucional y objetiva) del comunismo afectaba, comprensiblemente, a todas las esferas de la sociedad checa y eslovaca; incumbía a los funcionarios, a los miembros del Partido Comunista, a la policía secreta de la Seguridad del Estado y a toda su red de conexiones, a los agentes, a los oficiales de las Milicias Populares y a los miembros de los partidos legalmente permitidos que componían el Frente Nacional, a los que pertenecían a la "zona gris" y, de forma destacada, a los disidentes y presos políticos.

Poco después de la Revolución de Terciopelo se creó, en el marco de la administración policial investigadora, la Oficina para la Documentación e Investigación de los Crímenes Comunistas (ÚDV), al frente de la cual estaba el representante de la disidencia cristiana y político de la era post-noviembre, Václav Benda, que continuó con las actividades de sus predecesores en el Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia.

Una disposición del ministro del Interior Jan Ruml, de abril de 1995, estableció como funciones de la Oficina investigar los actos penales cometidos en el periodo transcurrido entre el 25 de febrero de 1948 y el 29 de diciembre de 1989, "en tanto en cuanto no se hubiera llegado a instruir un caso por motivos políticos incompatibles con los principios fundamentales del sistema legal del Estado democrático, o dicho caso hubiera sido desestimado".

Como tarea no menos importante, la Oficina debía reunir, valorar y documentar "los hechos y acciones ilegales del régimen comunista y la resistencia contra él". El director de la Oficina, Benda, comunicó a los medios en 1997 lo siguiente: "Somos la única estructura orgánica policial de este tipo en los Estados del antiguo bloque del Este... Al principio, nuestras concepciones fueron criticadas en el extranjero, pero la situación ha cambiado radicalmente. Ahora nos miran desde Occidente con buenos ojos y en el Este se intenta asimilar nuestra enseñanza en la creación de instituciones similares".

La Oficina de Documentación e Investigación llegó a tener hasta noventa empleados; 17 de sus investigadores llegaron a conseguir veredictos acusatorios en 43 causas sobre 100 representantes de órganos políticos y ejecutivos del régimen comunista. La práctica demostró la necesidad de colaboración entre las dos secciones (documentación e investigación) que componían la Oficina; muchos de los investigadores no eran realmente capaces de orientarse en los complicados expedientes sin el apoyo de un perito documentalista.

Los investigadores procedían por puntos, de una acción delictiva a otra. Se publicaban solamente las iniciales de las personas encausadas, en textos redactados en un lenguaje legal seco y objetivo. Como primera función, la documentación tenía la finalidad de ayudar a los investigadores; no obstante, se esperaba de ella algo todavía más importante: reconstruir el sistema totalitario a través del análisis minucioso de los datos que aportaba, es decir, componer por agregación la estructura totalitaria y el funcionamiento criminal del régimen comunista. La Oficina, en primer lugar, se concentró en las causas más importantes que afectaban a la nomenklatura del Partido y de las estructuras de seguridad: crímenes de traición a la Patria durante la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968; delitos de los miembros de rango medio y alto de la policía política (por ejemplo, los relacionados con la acción ASANACE: la opresión ilegal contra opositores al régimen, con el fin de obligarles al exilio, a principios de los anos 80); los casos de muerte por arma de fuego en las fronteras supuestamente por huir de los campos de trabajos forzados o las torturas en los años 50.

El departamento de documentación de la Oficina llegó a instruir varios cientos de casos, preparó informes expertos para uso de los investigadores y de los jueces y elaboró el mapa de las acciones de aquellos órganos represivos a que dedicaba su trabajo, sobre todo de la Seguridad del Estado. Una de sus realizaciones más significativas fue la publicación periódica Securitas Imperii, en la que gradualmente fueron apareciendo estudios, artículos y documentos precisamente sobre los procesos de funcionamiento de los órganos de seguridad comunistas.

 

Ni los representantes estatales ni la judicatura, algunos de cuyos miembros eran antiguos comunistas o representantes de la justicia comunista "de clases", deseaban, evidentemente, que las investigaciones, independientemente de los investigados, se alargaran. A finales del año 1997, Václav Benda constató abiertamente: "Desde el mismo principio de nuestra andadura jugamos un duro partido y nos enfrentamos a numerosos obstáculos.

En los dos últimos meses, grosso modo, se ha llegado a un punto comparativamente dramático, cuando, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora (...), los obstáculos han dejado de ser formales para ser sustituidos por otros dependientes de la maquinaria ideológica (en el ámbito de la justicia checa). Esto puede estar relacionado con el hecho de que nuestras pesquisas han empezado a acercarse a ciertos miembros de la judicatura...".

Hasta finales de 1999, momento en que la ÚDV fue reorganizada en circunstancias extrañas por un nuevo Gobierno social-demócrata, sus investigadores penales habían implicado a 87 personas en 47 causas, se habían presentado 26 propuestas de querella contra 40 personas (con otras 6 sentencias) y otros 400 casos se encontraban en las primeras fases de inspección. Los funcionarios del departamento eran perfectamente conscientes de su incapacidad para actuar como instrumentos de la sociedad checa de cara a la enmienda del pasado, ya que su trabajo afectaba solamente a una parte muy limitada de los crímenes cometidos por el antiguo régimen.

Václav Benda declaró públicamente: "La gran mayoría de los crímenes quedará impune; esa es la terrible verdad. No nos hacemos la ilusión de ser capaces de castigar todo el mal que se ha causado en 42 anos de régimen comunista. Nuestro trabajo se orienta más bien hacia la construcción futura del Estado de Derecho. Lo que deseamos, a este respecto, es refrescar la conciencia de que todo crimen, aunque sea el que se comete bajo la égida del poder estatal, puede un día ser castigado.

Vaclav BendaVaclav BendaA pesar de todo, lo que queremos es que todo aquel que se entregue a tales acciones delictivas, viva hasta el fin de sus días con el miedo de que quizá alguna vez tenga que responder de sus acciones." La Oficina fue reorganizada bajo la nueva dirección de I. Kratochvíl; los cambios afectaron tanto a la sección documentalista como a la investigadora. A pesar de que hubo un refuerzo de la parte documentalista, tal y como se planeó en un principio, que reforzó la actividad investigadora, no se alcanzó ninguna mejora sustancial.

Los representantes estatales y los jueces hicieron imposible inculpar a los que habían pertenecido a las filas del Partido Comunista, a la Seguridad del Estado y a las Milicias Populares, además de entorpecer los casos más flagrantes de traición a la Patria del año 1968. Tampoco mejoró mucho el trato mediático que recibía la ÚDV, a causa de una serie de publicaciones que fueron apareciendo; la Oficina quedó tan fuertemente sometida a las medidas internas que, en realidad, cualquier iniciativa quedaba inmediatamente abortada.

Cada vez más, los sucesivos directores se han ido deshaciendo de una serie de trabajadores de plantilla "no necesarios" y la eficacia de las investigaciones se ha resentido. Esto ha sucedido precisamente en el momento en que arrancan las actividades del Instituto de la Memoria Nacional en Polonia y en Eslovaquia, en que se inician las actividades de una institución análoga en Rumania y cuando en una serie de países balcánicos se debate acerca del establecimiento de instrumentos similares de indagación.

Al comparar la Oficina checa con su equivalente en Eslovaquia, queda claro que el sometimiento de la policía, la restricción del acceso a los archivos, la dificultad para conocer los archivos institucionales de los órganos de seguridad comunistas dispersos por los Ministerios del Interior, de Defensa y de Justicia, de todo ello junto no puede decirse que sea el mejor método y el más funcional. Los funcionarios eslovacos, a diferencia de los checos, cumplen los plazos legales de apertura de los archivos, están concentrados en la Oficina, dedicada exclusivamente al periodo comprendido entre 1939 y 1989, sin tener que prestar atención a qué es lo que pasa en nuestros días en la esfera de la política o del Gobierno.

Como muy tarde, con motivo de las elecciones generales que se celebrarán en el 2006, se debatirá en la República Checa el tema de cómo continuar institucionalmente por el camino de la superación del pasado totalitario. ¿Acaso es posible volver a intentarlo con los métodos originales o hay que proponer otros alternativos? Hasta el momento la situación no está clara. Por ahora, en el Parlamento checo no ha prosperado el proyecto de ley de fundar una especie de versión checa del Instituto de la Memoria Nacional o decantarse por el modelo alemán.

Uno de los mayores problemas después del ano 1990 no era únicamente la continuidad legal y personal en el funcionamiento de las instituciones, sino también - tal y como se demostró mucho después - la persistencia del silencio. Esta característica clave del sistema totalitario trató de inocularse, desgraciadamente, en el nuevo sistema democrático, aunque de una forma al menos en parte limitada. Incluso después de la gradual transformación de las instituciones comunistas y de la liquidación objetiva de las razones que obligaban a guardar el secreto de los sumarios, por ejemplo los provenientes de la Seguridad del Estado, se tardó aún más de diez años en desclasificar, a efectos prácticos, una parte esencial de los documentos.

Hasta la aprobación de la ley el año 1998, ciertas instituciones, aprovechándose del vacío legal y de la confusa situación, retuvieron artificialmente sin desclasificarla una parte sustancial de los documentos y del material de archivo. Incluso una serie de instituciones informativas se esforzaron (y se esfuerzan) por posponer, o sencillamente impedir, la publicación y el acceso a los materiales que hacen referencia a sus predecesoras comunistas.

Para ello utilizan su posición especial, heredada del sistema anterior a la Revolución de Noviembre, así como del carácter de las fuentes de información, insustituibles para el reconocimiento de la esencia represiva del régimen totalitario y para el descubrimiento de los criminales con nombres y apellidos. En los últimos anos, no obstante, algunos competentes funcionarios del Estado llamaron la atención sobre el hecho de que una gran parte de los materiales de archivo procedentes del pasado régimen ya no son secretos.

De todas formas, se olvidaron de mencionar la segunda parte de la frase: que, aunque sea así, esos materiales no son accesibles, lo que, en el fondo, para el ciudadano significa lo mismo. Parece como si no se dieran cuenta de que la única forma de evitar un mal uso de ese material es abriendo un camino claro para la confrontación con el pasado. La sociedad democrática debería dejar bien claro que pactar con el mal es algo que luego no merece la pena y por lo que hay que responder; que no tiene la intención - ni va a hacerlo - de proteger a los que se dedicaron activamente a perseguir a sus conciudadanos y a aplastar sus derechos humanos fundamentales.

Esta situación cambió ligeramente en enero de 2005, gracias a la aprobación de la nueva Ley de archivos, que fue promovida bajo la presión que ejercía una parte de la sociedad laica y especializada en apoyo a los investigadores. Otro elemento crucial en la lucha por la superación del pasado es la problemática apertura del archivo de la Seguridad del Estado: ya en el año 1996 fue legislativamente abordada mediante la promulgación de una no demasiado precisa Ley sobre el acceso a los legajos de la Seguridad del Estado.

La Ley no se hacía eco acerca de los expedientes de una serie de departamentos de la Seguridad del Estado y otros cuerpos de seguridad comunista (como, por ejemplo, la agencia informativa de la administración de la Guardia Fronteriza) y no sirvió para abrir el camino, entre otros, hacia los expedientes de los colaboradores de la policía política secreta. Entre el resto de administraciones que la Ley ignoraba estaban el Departamento de seguimiento (que dirigía una red de agencias en hoteles y restaurantes), el Departamento de técnica informativa (que utilizaba agencias en correos, en telecomunicaciones y en instituciones similares), así como el Departamento de pasaportes y visados, con una rica e interesante agenda administrativa, y, por último, sobre todo, el temido Departamento de Espionaje.

A diferencia de las reformas alemanas, la Ley no modificó el acceso de personas autorizadas a examinar los expedientes personales de la policía política, en los cuales se hallaba la información acerca de los modos de actuación del servicio, la formación recibida, las condecoraciones, los estudios en las academias especializadas de la KGB en Moscú, los sueldos y otras bonificaciones económicas por sus actividades "operativas".

Esta situación, además, se veía favorecida por el hecho de que ciertos materiales (no los expedientes especiales) de la policía secreta eran accesibles sólo de forma restringida a historiadores y, a los periodistas, por su parte, les estaban absolutamente vedados. El Ministerio del Interior invirtió cantidades que se computaban en decenas de millones de coronas, pero no organizó campanas informativas o de concienciación social. Así que no es ninguna sorpresa que la forma en que se intentó acercar los papeles clasificados de la policía secreta comunista a la sociedad resultara un fracaso.

Pavel Zacek es licenciado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina de Praga. Trabajó en la Oficina de Documentación para la Investigación de los Crímenes del Comunismo y actualmente ejerce como investigador en el Instituto de Historia Contemporánea de la Academia de Ciencias de la República Checa.

27-05-2006